La estrategia de seguridad pública militarizada y el encubrimiento del personal castrense responsable de abusos, desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el crimen organizado”, se pondrán bajo la mira de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el jueves 26 y el viernes 27.
Ello, como parte del litigio contra el Estado mexicano por la desaparición forzada –el 29 de diciembre de 2009– de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, a manos del Ejército mexicano.
Remitido a la CIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2016, luego de que el Estado mexicano dio muestras de incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de fondo de abril de 2016, el de los Alvarado no es el primer caso que llega al tribunal regional en el que se analizan agravios cometidos por militares mexicanos contra la población civil, entre ellos la desaparición forzada.
DESAPARICIONES FORZADAS Y EJECUCIONES
No obstante, sí es el primero relacionado íntimamente con la decisión del gobierno federal de asignar funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, ratificada con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
De acuerdo con la información oficial, sólo en Chihuahua, durante el gobierno de Felipe Calderón, mil 63 personas desaparecieron y 19 mil 282 fueron asesinadas, mientras que en lo que va de la administración de Peña Nieto, no se conoce el paradero de mil 115 personas y fueron ejecutadas 7 mil 998.
Fuente: proceso.com.mx / Foto: Cuartoscuro.
